Cantabria y los planes de gestión de la Red Natura 2000

Cantabria y los planes de gestión de la Red Natura 2000

Cantabria y los planes de gestión de la Red Natura 2000 150 150 Fundación Oso Pardo

Cantabria no ha aprobado ni uno solo de los planes de gestión de Red Natura 2000, a pesar de que el plazo finaliza el 31 de diciembre.

El pasado 1 de diciembre, la Fundación Naturaleza y Hombre, la Fundación Oso Pardo y SEO/BirdLife denunciamos el incumplimiento del Gobierno de Cantabria con la legislación estatal y comunitaria al no haber aprobado, ni siquiera tramitado, los planes de gestión de los espacios de Red Natura 2000.

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establecía que los espacios de Red Natura 2000 tenían que tener aprobados sus planes de gestión antes de que finalizara 2010; dado que este plazo no se cumplió, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción y estableció una prórroga, que se cumple el 31 de diciembre de 2014.

En este periodo, todas las Comunidades Autónomas del norte de España han aprobado sus planes o los tienen en tramitación con el fin de poder aprobarlos antes de que finalice el año, excepto Cantabria.

En respuesta a esta denuncia, la Dirección General de Montes emitió un comunicado afirmando que Cantabria tenía en ejecución los planes de gestión de los 21 Lugares de Importancia Comunitaria, cumpliendo de esta manera con la legislación comunitaria.

La realidad es que ejecutar un plan no significa que este haya sido aprobado, y su aprobación implica obligatoriamente una tramitación que no ha sido realizada, pues faltan trámites esenciales como el sometimiento de los planes de gestión a información pública.

El proceso de información y de participación pública es obligatorio y largo, para que los habitantes de los territorios y la sociedad en general puedan conocer y opinar sobre documentos de tanta trascendencia. En Cantabria, los trámites necesarios aún no han comenzado porque no ha habido ni un solo plan publicado en el Boletín oficial. Por eso, es imposible que tenga ningún plan aprobado, y por tanto en ejecución, para el 31 de diciembre, como previsiblemente si lo harán el resto de comunidades vecinas.

La Dirección General de Montes, por lo tanto, ha trasladado a la opinión pública una información engañosa, que nada tiene que ver con la realidad ya que no han sido aprobados ninguno de los 21 planes de gestión. Únicamente se cuenta con quince de ellos redactados (según sus propias declaraciones), y con los 6 restantes ni siquiera se ha empezado: a pesar de sus afirmaciones previas, el 5 de diciembre conocimos que el gobierno cántabro autorizaba contratar al Instituto de Hidráulica de Cantabria para iniciar su redacción; entre estos, están planes tan importantes como los que van a condicionar la gestión de amplios territorios como Liébana, Campoo, los valles altos de Saja y Nansa o la Montaña Oriental.

Las consecuencias de este incumplimiento para la región y, especialmente, para los municipios que tienen en su territorio espacios Red Natura 2000, son serias, y pueden implicar la sanción de una multa millonaria -que la tendrán que abonar las CCAA incumplidoras-, problemas para ejecutar actividades y proyectos en Red Natura 2000 por la grave inseguridad jurídica generada, o la dificultad de acceder a fondos europeos para estos territorios al no existir el adecuado marco normativo. En suma, además de comprometer los objetivos de conservación que impulsa la Directiva Hábitats, el negligente retraso de la Comunidad Autónoma perjudica severamente los intereses de la población residente en Red Natura 2000 en Cantabria, necesitada de un urgente impulso a su desarrollo sostenible.

Sería deseable que la Comisión Europea no tomara medidas contra las Comunidades Autónomas incumplidoras, por las consecuencias negativas que tendría para ellas, pero cabe temer que, después de que haya habido ya una primera prórroga, nos encontremos en una situación comprometida.

Por otro lado, consideramos que, teniendo en cuenta la trascendencia de estos planes, es muy importante que la sociedad en general pero sobre todo la población afectada, los conozca bien y participe en su tramitación, lo que hasta la fecha no está sucediendo.