Este 21 de mayo se cumplen 31 años de la creación de la Red Natura 2000, la red de espacios protegidos de la Unión Europea. En España, son las comunidades autónomas las responsables de gestionar los espacios de la red en cada uno de sus territorios, y no son pocas las que avanzan con demasiada lentitud tanto en el desarrollo de los planes de gestión de estos espacios como en su aplicación.
Aunque algunas sí han creado una normativa específica para cada espacio, tal y como exige Europa, la mayoría se han quedado en un marco generalista que no concreta qué se puede o no hacer dentro de cada espacio de la red, y en muchas ocasiones tampoco cuenta con una financiación adecuada o directamente es nula.
Todas estas carencias generan inseguridad jurídica, suponen un obstáculo al desarrollo de actividades sostenibles de las personas que viven en ellos, y a la postre provocan descontento social. Un descontento que puede repercutir sobre la propia imagen de la Red Natura 2000. Y a ello hay que sumar ahora las nuevas incertidumbres debidas al cambio climático.
Por eso, es el momento de profundizar en los instrumentos de gestión, bajar al terreno y mejorar su operatividad si no queremos que la Red Natura 2000 se quede en papel mojado. No podemos permitirnos que la mayor apuesta de los europeos por conservar nuestra naturaleza sea un esfuerzo fallido.
